La crisis petrolera de 1973 y su impacto en la España franquista

La crisis petrolera de 1973, provocada por los países árabes en respuesta al apoyo occidental a Israel en la guerra del Yom Kipur, fue una crisis económica caracterizada por el alza de los precios del petróleo, combustible esencial en la mayoría de las economías occidentales, que supuso el inicio del fin de lo que conocemos como época dorada, la etapa de gran crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Para entonces, se vivía en España también una crisis social y política, con ETA en su máximo apogeo, que empeoraría cuando el 20 de diciembre de 1973, el grupo terrorista asesinase al presidente del gobierno Carrero Blanco. Además, la situación económica anterior a la crisis petrolera en España era lamentable, pues el país todavía se intentaba recuperar, mediante la liberalización del Plan de Estabilización de 1959, del fracaso absoluto de un intento de establecer en España un modelo económico autárquico y autosuficiente, que no traería más consecuencias para España que el hambre y el estraperlo. Dada la lamentable situación que presentaba España antes del Plan de Estabilización, el crecimiento de la economía española entre 1960 y 1973 el más alto de Europa. Sin embargo, todavía en 1973, el PIB por habitante español era el 64% del de los países europeos. 

El crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, se centró, en parte, al uso de un petróleo que se podía conseguir a bajo precio, por lo que la crisis petrolera afectó a uno de los pilares que sostenían el alza de las economías occidentales. En España, además, se abandonaron otras fuentes de energía como el carbón, presente en ciertas zonas del país, para adaptarse al "estilo petróleo", por lo que la crisis tuvo más impacto en la economía española. 

En palabras de Luis Ángel Rojo, economista y exgobernador del banco de España, "Una débil base energética, el alto consumo de energía por unidad de producto y la elevadísima dependencia de las importaciones de petróleo hicieron que el impacto sobre los precios, la renta disponible para el gasto y el déficit exterior de la economía española fuera especialmente fuerte". 

El gobierno optó, ante una subida extraordinaria en los precios del petróleo, por absorber una parte del coste que suponía el aumento de precio de dicho combustible, disminuyendo los ingresos estatales por la venta de productos asociados con el petróleo un 35%. Además, como los países europeos aplicaron, por norma general, políticas económicas de ajuste y de restricción de oferta monetaria, el turismo en España se redujo y los ingresos derivados de esta actividad cayeron en un 30%, a la vez que las exportaciones caían un 8%. 

Además, en España se vivía un ambiente de crecientes tensiones laborales, debido a la inhabilitación de los sindicatos por medio del proceso 1.001, en el que se pedían con indignación aumentos en los salarios. Esto, sumado a la crisis petrolera de 1973, trajeron a España también una caída de la producción, un gran desequilibrio en la balanza de pagos, y, por tanto, la llegada de una creciente inflación. 

No llegaron soluciones realmente eficaces hasta la firma de los pactos de Moncloa en 1977, por los que se prometía una reforma de los sistemas tributarios, financieros, y fiscales del país. Además, se trataban medidas como la instauración de políticas basadas en el control de la cantidad de dinero, presupuestos que limitaran el déficit público, nuevas políticas de rentas, etc.